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Los retos que debe abordar nuestra industria requieren de una urgente revisión de la función del mantenimiento que, en muchos casos sigue anclada en fórmulas del pasado y no logra romper el círculo vicioso del correctivo. Sin embargo, su contribución a la competitividad es cada vez más determinante y ha de convertirse en garante de la fiabilidad y disponibilidad de planta.

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Con fecha 28 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral Normativo 11/2012, de actualización de balances.

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En el marco económico actual, las transacciones económicas, en general, y las operaciones internacionales, en especial, correctamente reguladas mediante los pertinentes contratos consensuados por las partes y que plasmen las obligaciones, garantías y consecuencias del contrato —ante el posible incumplimiento de éste por alguna de las partes—, se erigen no solo como un elemento dinamizador de las economías, sino especialmente como una necesidad de primer orden para las empresas.

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La Reforma Laboral del 2012 ha modificado de forma sustancial la legislación sobre la Negociación Colectiva dando prioridad a la negociación en el ámbito de la Empresa, por medio de los Convenios Colectivos de Empresa, estableciendo de forma más concreta los descuelgues de convenio, no solo en materia salarial, sino incluso al descuelgue del propio Convenio de Empresa, con la finalidad, según la Ley, de facilitar la adaptación de los Salarios  y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial.

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La situación económica financiera, perfilada por la crisis del sistema financiero, unida a las exigencias y restricciones del sector bancario con la nueva política de riesgos, tendentes a reducir la concesión de créditos y aumentar su aseguramiento, obliga a las empresas a ser especialmente cautelosas al afrontar el cierre del ejercicio económico.

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La cesión ilegal de trabajadores se produce, (art. 43 ET), “cuando el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.”

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El pasado 30 de abril se cumplieron ocho años de la entrada en vigor del RD 171/2004 sobre la coordinación de actividades empresariales.

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La situación por la que atraviesa en este momento el tráfico mercantil, viene absolutamente condicionada por la ausencia de cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por algunos deudores. Esta circunstancia viene ocasionando, además de la frustración propia de aquél que no ve satisfecho su crédito, una desestabilización del negocio del acreedor.

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