Está claro que empresarios y sindicatos manifiestan posturas encontradas en relación con la última Reforma Laboral. En una postura maximalista, los sindicatos dicen que se trata de un arma en manos de los empresarios, que les dota de una capacidad de control exhaustivo en las relaciones laborales, de modo que establece un modelo de relaciones laborales unilateral y autoritario.
En realidad, la Reforma Laboral -Ley 3/2012, de junio de 2012-, aborda aspectos absolutamente necesarios para dotar a las empresas de las herramientas que permitan su adaptación a la coyuntura actual y su continuidad. La reforma no supone una pérdida real de los derechos de los trabajadores, sino que trata de avanzar, poco a poco, en la misma dirección por la que caminan las relaciones laborales en el resto de Europa. Y los trabajadores europeos tampoco han sufrido una pérdida real en sus derechos.
Lo cierto es que la Reforma Laboral cuenta con un amplio consenso social y político y, por ello, sitúa a los sindicatos en una posición delicada, por su oposición obstinada a los cambios que deben permitir una mejora en la competitividad de nuestras empresas. Esta obstinación ha quedado patente en la negociación de nuestro Convenio Provincial.
Tras veinte infructuosas reuniones de la Mesa Negociadora, constituida en febrero de 2012, nos encontramos en el mismo punto de partida a día de hoy. Veinte reuniones estériles, en las que no se han comenzado a negociar los aspectos de interés crucial para trabajadores y empresas, como son los salarios, los complementos, las licencias retribuidas… Y todo ello, por el empecinamiento de los sindicatos en “blindar” el convenio colectivo en contra de la reforma laboral. Así, nos encontramos ahora ante un “vacío convencional” tras el fin de la ultractividad que la ley estableció a partir del 7 de julio de 2013; una situación que muy probablemente repercutirá negativamente en las empresas del metal.
Disponer de un marco convencional provincial es necesario y constituye un ejercicio de obligada responsabilidad para evitar una situación de desregularización en aquellos aspectos que el Acuerdo Estatal del Metal deja en manos de los convenios provinciales: criterios salariales, ordenación de la jornada, vacaciones anuales, permisos y licencias, medidas para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar… Los agentes negociadores deben ser conscientes de quién les legitima y para qué les legitima. El ejercicio de ese derecho constituye una obligación que cada parte debe asumir de cara a sus representados y ha llegado el momento de hacer balance y de rendir cuentas de por qué la negociación no ha rendido los frutos esperados.
FVEM tiene claro en qué lado están las responsabilidades. Nosotros seguimos trabajando y trabajaremos con el mismo objetivo que hemos declarado desde el principio: lograr acuerdos, siempre dentro del marco de la ley, dentro del ámbito que afecta a nuestras empresas y a los trabajadores de la industria del Metal de Bizkaia.